COMPROMETIDA CON POTENCIAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Justicia y Administración Pública. Éste es el nombre del departamento del Gobierno Vasco que dirijo. Y aún podría ser más largo, si sumáramos las otras dos viceconsejerías que comprende: Departamento de Justicia, Administración Pública, Régimen Jurídico y Función Pública. Para recogerlo precisaría, prácticamente, una tarjeta de visita en formato panorámico, pero la gente sique identificándome, mayoritariamente, como la consejera de Justicia. Por economía de palabras. Y porque ésa parece ser, al fin y al cabo, nuestra pata más mediática.

Aquí encaja una frase, una metáfora familiar del tipo “quiero a todos mis hijos por igual, no tengo ninguna predilección por uno en concreto”. Es cierto. Pero también lo es que buena parte de nuestros esfuerzos e ilusiones se centran en dinamizar, en revitalizar la Administración pública creando una cultura de innovación, colaboración y respuesta a las necesidades de la ciudadanía. ¿Y qué mejor día que este para insistir en ello?

El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas, constatando la necesidad de intensificar el fomento de la capacidad administrativa y de gestión del sector público, designó este 23 de junio Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. La decisión se enmarcaba en la importancia de mejorar la Administración con miras a alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los recogidos en la Declaración del Milenio.

Y, llegado este día, conviene recordar que sólo mediante unas instituciones públicas sólidas es posible garantizar la educación, la sanidad, la cultura, la seguridad, la cohesión social y, en general, el acceso de todas las personas a unos servicios públicos de calidad. Y en la coyuntura actual, ante la crisis provocada por la especulación en los mercados financieros, resulta más necesario que nunca renovar el compromiso con los valores públicos.

Esta crisis ha dejado en evidencia que los mercados no lo resuelven todo, que es imprescindible la intervención pública en defensa del interés general y en beneficio, sobre todo, de los sectores más vulnerables. Unas instituciones públicas fuertes, plenas de legitimidad democrática, son las mejores garantes de la solidaridad con las personas que sufren más directamente las consecuencias de la crisis económica. Y son las que aseguran el acceso, en condiciones de equidad, a los servicios que permiten una vida digna.

Pero las instituciones públicas deben ser, también, ejemplares en su funcionamiento, velando en todo momento por la calidad e idoneidad de los servicios que prestan y haciendo un uso eficiente de los recursos públicos. Consciente de ello, el Gobierno Vasco está firmemente comprometido con el buen gobierno de lo público. Muestra de ello es la iniciativa de gobierno abierto, sustentada sobre los principios de transparencia, participación y colaboración. Igualmente, responde a ese objetivo de buen gobierno la estrategia de innovación pública y Administración electrónica, que persigue la transformación de la Administración pública, para ofrecer a la ciudadanía servicios de calidad mediante la utilización eficiente de los recursos públicos.

Por otra parte, nuestro Gobierno presentó recientemente su calendario de planes, todos ellos bajo el paraguas de unos objetivos estratégicos comunes: una Euskadi de ciudadanos libres, solidaria, sostenible y competitiva.

Sólo desde unas instituciones públicas sólidas es posible lograr esos objetivos. Por eso, hoy quiero reiterar mi compromiso de potenciar la capacidad administrativa y de gestión de la Administración pública de Euskadi, como factor de competitividad del país y de calidad de vida para la ciudadanía.